GARY VERA Z

“Exterminio total” es el nombre de una operación ejecutada por el Estado ecuatoriano en la comunidad de San Martín, en la frontera norte. Entre el 1 y el 6 de marzo de 2026, la intervención incluyó ataques a infraestructura civil, así como la detención, tortura y abandono de comuneros en las afueras de Lago Agrio.

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En el marco constitucional ecuatoriano, estas acciones contravienen disposiciones relativas al derecho a la integridad personal, la prohibición absoluta de la tortura y la obligación estatal de garantizar la vida y la seguridad. Sin embargo, hasta la fecha no existe una versión oficial verificable ni evidencia pública que permita inscribir estos hechos dentro de un régimen de legalidad.

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Este desfase no es excepcional. Responde a una lógica donde el Estado, en tanto administrador del monopolio legítimo de la violencia, redefine de facto los límites de su propia normativa. La razón de Estado opera aquí como principio de suspensión: lo que no puede ser justificado jurídicamente se ejecuta, no obstante, como decisión soberana.

En este sentido, lo ocurrido en San Martín puede leerse como la activación de un estado de excepción no declarado, donde la distinción entre legalidad e ilegalidad pierde eficacia operativa. La soberanía no se enuncia: se ejerce mediante la exposición diferencial de ciertos cuerpos a la violencia.

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Este ejercicio de representación remite a un régimen necropolítico, en el que la gestión de la vida se articula a través de la producción de condiciones de vulnerabilidad extrema. No se trata únicamente de la administración de la muerte, sino de la regulación de qué vidas son protegidas, cuáles son abandonadas y cuáles pueden ser intervenidas sin consecuencias.

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La serie desplaza el retrato hacia un régimen de inscripción. Las manos de los habitantes de San Martín no son representadas como identidad, sino presentadas como superficies donde se acumulan trabajo, desgaste y persistencia material. En ellas no se expresa un sujeto: se registra una relación.

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Estas imágenes no ilustran los hechos ni buscan reconstruirlos. Operan como contraarchivo frente a una narrativa estatal fragmentaria o inexistente, introduciendo una forma de evidencia que no depende de su reconocimiento institucional.

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Las manos funcionan aquí como índice de una relación entre cuerpo, territorio y fuerza. Lo que se expone no es el individuo, sino la huella de una intervención: la inscripción material de una soberanía que, al ejercerse sin control público, desplaza los límites de lo visible y lo decible.